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Documento analiza participación ciudadana en elaboración de INDCs en América Latina

La protección de Derechos Humanos como el Derecho de Acceso a la información y el Derecho a la Participación constituyen la base de la gobernanza y la democracia ambiental. Estos derechos de tipo procedimental han sido reconocidos por el Derecho Internacional como fundamentales para lograr la garantía de los demás derechos humanos.

El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo ha cobrado auge en América Latina y el Caribe en los últimos años. Esta perspectiva considera los derechos humanos como un marco regulador aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en el campo del desarrollo.

En el marco de las negociaciones regionales de un instrumento jurídico que permita la implementación de los derechos de Acceso a la información, Participación y Justicia Ambiental consagrados por el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) entregó a los Estados parte un documento preliminar sobre el cual se negociará, y que establece estándares importantes en materia de acceso a la información y participación ciudadana en procesos de toma de decisiones ambientales, el cual consideramos constituye
un parámetro importante que se debió integrar a las consultas nacionales sobre Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés). Así mismo, la Iniciativa de Acceso TAI, una red de organizaciones de todo el mundo que trabaja en pro de los derechos de acceso, ha establecido ciertos parámetros básicos que deben cumplir los Estados al momento de hacer consultas públicas de temas ambientales.

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) estableció entre sus disposiciones que los Estados tienen el deber de procurar la capacitación y sensibilización del público sobre los temas de cambio climático, permitir el acceso del público a la información y además estimular la participación más amplia posible en este proceso, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general. Este compromiso exige entonces que los
Derechos de Acceso a la Información y a la Participación Ciudadana sean reconocidos y garantizados en todos los procesos que emprenda el gobierno en cuanto al cambio climático.

Por esta razón resulta importante analizar cómo estos derechos se han ejercido en los procesos de construcción de las INDCs a nivel nacional, especialmente teniendo en cuenta que éstas reflejan la visión de país respecto a la construcción y direccionamiento de políticas nacionales para la descarbonización de las economías y el fortalecimiento de los procesos de adaptación y resiliencia a los impactos del cambio climático, y constituyen la base fundamental para el acuerdo climático de París.

Evaluar los niveles de participación y transparencia en la construcción de las INDC resulta esencial, por lo que se deben tener en cuenta procesos como la realización de consultas públicas abiertas, participativas y efectivas en las cuales la sociedad civil haya podido emitir sus opiniones y comentarios acerca de las acciones del Gobierno y que dichos comentarios hayan sido tenidos en cuenta en los procesos de Toma de Decisiones.

Revisa el documento “INDCs y participación ciudadana en América Latina” elaborado por Sandra Guzmán y Mariana Castillo de GFLAC.

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